Colombia en el 2017, un rio con superficies tranquilas y corrientes subterráneas agresivas

Foto por tomada por Luisa Machacón en el PTN Pondores, ubicado en la Guajira.

Desde finales del 2016, con la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC – EP, se preveía que el 2017 sería un año lleno de desafíos. Pero no solo se presentaron retos. Momentos de crisis y sorpresas fueron un recordatorio de que la paz aún no es completa.

Las zonas transicionales

Entre los primeros pasos que se dieron en el 2017 con respecto a la implementación de los acuerdos, fue la configuración y apertura de las Zonas Veredales y los Puntos Transitorios de Normalización (ZVTN y PTN). Como se menciona en el informe “Efectos tempranos en la democracia durante el proceso de dejación de armas en Colombia 2017”, la transición a las zonas veredales a pesar de que no involucraba a todos los actores del conflicto armado, fue de gran importancia en la vida territorial, política y socio- cultural del país. No solo porque esto fue un paso a la reintegración de los soldados de las FARC- EP, sino porque también fue de  gran impacto en lo que que concierne a los procesos de reconciliación con las comunidades, ya que las mencionadas zonas veredales se encuentran situadas en áreas o corredores históricos del conflicto armado.

Los tropiezos en el proceso de implementación del acuerdo se vieron desde el primer día. Las ZVTN y los PTN no fueron construidos a tiempo para recibir a los soldados que acababan de decir, no a las armas. Por esto, los diferentes bloques de las FARC – EP se asentaron en los terrenos vacíos que el gobierno había dispuesto para ellos. Uno de los primeros PTN que empezó a ser habitado fue Pondores, localizado en el sur del departamento de la Guajira. Aquí se asentó desde principios del 2017, una parte del bloque Caribe, quien por la ausencia de casas o lugares para vivir, se estableció en sus tradicionales caletas. Lo mismo sucedió en los otros 25 puntos alrededor del país. Este inconveniente hizo que se generará desconfianza y un estado de prevención en lo que respecta al cumplimiento del gobierno desde inicios del año.

Sin embargo, la falta de lugares en los que asentarse no fue el único contratiempo, en el primer semestre del 2017 líderes de las FARC denunciaron que la comida que llegaba a las zonas de transición estaba en estado de descomposición y el que el gobierno no estaba ofreciendo protección necesaria a los guerrilleros en los en los momentos de visita a la familia o en las mismas ZVTN. Las zonas de transición que estarían en pie hasta Agosto del 2017, aún siguen en funcionamiento como puntos de reintegración para los soldados.

De fast track a carrera de tortugas

El fast track o la vía rápida fue una herramienta que empezó su funcionamiento a principios del 2017. El fast track fue un procedimiento legislativo especial, el cual se generó para modificar los tiempos legislativos en las reformas constitucionales con respecto a los proyectos derivados del acuerdo firmado en el teatro Colón. Su función era poder tramitar un proyecto de ley o una reforma constitutiva, con solo una vuelta de estudio y aprobación en contraste con la tradicional manera que es ocho votaciones distintas. Además, esta le delegó potestad al presidente de la república, para expedir los decretos con fuerza de ley y así desarrollar el Acuerdo del Teatro Colón, siempre y cuando estos decretos no fueran para reemplazar reformas constitucionales, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes de códigos o para decretar impuestos.

Pero el Fast track no fue la herramienta infalible para solucionar los problemas de la implementación. La oposición se mostró severa como siempre y jugó un papel importante al igual que durante el plebiscito por la paz en Octubre del 2016. En esta ocasión no solo fue la votación negativa, el ausentismo apareció en la sala del congreso, retrasando de esta manera las aprobaciones de las reformas de ley por falta de quorum.

Foto tomada del twitter de Camilo Caicedo

Durante esta primera fase de la implementación del acuerdo, el gobierno no ofreció muchos espacios a las víctimas para su participación directa en la toma de decisiones y en los procesos de verificación. Por lo tanto las víctimas desarrollaron sus propios métodos de ejercer presión para que se avanzara de manera rápida en la fase de implementación legislativa del acuerdo. Una muestra de esto fue el plantón realizado el 13 de Marzo frente al edificio del Congreso de la República.  En esta fecha, un grupo de víctimas se tomó la plaza de Bolívar con pancartas, tortugas de plásticos y fotos de cada uno de los congresistas, creando así la #OperaciónTortuga. Durante esta operación se le otorgaba una tortuga a cada acción que ejerciera un congresista en favor de ralentizar la aprobación de la ley de la Justicia Especial para la Paz – JEP. El congresista con más tortugas, ganaba la carrera. Además, dentro de la sala del congreso de la república, lugar donde se discutía la JEP, otro grupo de víctimas hacia presencia brindando un #OjoalaPaz

Foto tomada del twitter de Camilo Caicedo

A pesar las iniciativas creadas para acelerar los procesos legislativos. La oposición, (el Centro Democrático) dio un fuerte golpe al Fast Track el 17 de Mayo del 2017. De acuerdo con el periódico el Colombiano, el “numeral ‘h’ del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz sufrió modificaciones. Este artículo literalmente decía que “los proyectos de ley y de acto legislativo sólo podrán tener modificaciones siempre y cuando se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”. Debido a la modificación lograda por la oposición, todos los los proyectos que se tramitarían por la vía del fast track sí podrían ser objeto de proposiciones por parte de los partidos políticos. El numeral H era uno de los más cuestionados por el Centro Democrático, ya que impedía que se les hicieran modificaciones a elementos del acuerdo y objetar lo allí contenido.

El fast track que en Noviembre 30 llegó a su finalización, no alcanzó a radicar las leyes para regular la jurisdicción agraria, las garantías para el ejercicio de la protesta social, la reforma a la Ley de Víctimas, los ajustes necesarios para el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros, por lo cual, todos estos proyectos tendrán que ir por la vía ordinaria. De acuerdo al informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de las 24 normas que presentó el Gobierno, solo 10 fueron aprobadas. Esto que evidencia la dificultad del gobierno de armar mayorías en el Congreso frente a una oposición que no da tregua.

Una nueva FARC

El Fast Track no fue el único que no logró todas sus metas en las fechas previstas. Durante el primer semestre del año, el secretariado de las FARC, como ya expresamos anteriormente, mostró su inconformismo e insistió que el gobierno no estaba cumpliendo con lo acordado y denunció múltiples retrasos en la construcción de las 26 zonas donde sus 7.000 guerrilleros debían prepararse para su entrega de armas y la integración en la sociedad.

El 30 de Mayo del 2017, 180 días después de la firma del acuerdo, las FARC – EP debían hacer entrega de las armas ante la ONU. Pero esta fecha también se vio aplazada, ya que la Amnistía y otra serie de garantías para los guerrilleros, no habían sido aprobadas legislativamente. A esto se le sumó el no tener elaborado el listado total de guerrilleros y de armas, y el retraso en la preparación de los contenedores de Naciones Unidas para recibir el armamento. La gota que colmó el vaso fue el mencionado golpe al fast track del 17 de mayo, lo cual resultó en un retraso de más de 20 días en la entrega total de armas que se convertirían en tres monumentos en Colombia, La Habana y Nueva York.

En el momento en que se alcanzó un 100% de la entrega de armas por parte de las FARC – EP, en 19 cárceles colombianas estalló una protesta por parte de los presos políticos. Los reclusos integrantes de las FARC, iniciaron una huelga de hambre con el fin de dar implementación inmediata a la Amnistía y otras formas de excarcelación pactadas en el Acuerdo de Paz, las cuales no llegaron en el momento de la dejación de armas. Jesús Santrich, miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, Cesivi, publicó en su twitter un vídeo en el que declaraba unirse a la huelga de hambre indefinida. Santrich expresó durante su corto discurso que, una de las razones por las cuales se unía a la huelga de hambre, era que “aún después de 6 meses de firmada la ley de amnistía e indulto, la misma solo había beneficiado a 832 prisioneros de los 3400 reconocidos por las FARC -EP”. De acuerdo a sus perspectivas, “la demora del alto comisionado para la paz en la entrega de las certificaciones, influyó en la obstrucción del acceso a beneficios de alrededor de 900 presos políticos”.

DECLARACIÓN: En solidaridad con prisioneros políticos sin amnistía me sumo a partir de ahora a la huelga de hambre declarada en las cárceles pic.twitter.com/TgsevTcmfz

— Jesús Santrich (@JSantrich_FARC) June 27, 2017

Después de 25 días de jornada de protesta, el gobierno lanzó el decreto 1252 del 9 de Julio del 2017, con el cual se expeditó la concreción de la liberación de los prisioneros políticos beneficiarios del acuerdo de paz, por lo tanto la huelga de hambre fue levantada.

Pero no todo fue negativo para el grupo FARC- EP durante el 2017. El lanzamiento de su partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, fue uno de sus grandes logros y para Colombia es una muestra de la consolidación de la democracia en el país, ya que años atrás, un suceso de esta magnitud era impensable. La creación de este nuevo partido político le traería a las FARC, los beneficios de poder participar en la contienda política, contando con una representación de 10 curules, 7 posiciones en el Senado y 5 en la cámara de representantes. Sin embargo la decisión de mantener la sigla FARC, despertó sentimientos encontrados en el público Colombiano, ya que fue visto como una revictimización y fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral.

“Felices con la paz pero nos estan matando”

Ya hace un año desde el momento en que las FARC oficialmente silenciaron sus fusiles. Sin embargo, los asesinatos y amenazas contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales se han visto en aumento. Por ello, la creación de medidas y garantías para su protección, ha sido uno de los grandes retos del post-conflicto. El aumento de asesinatos, sobre todo en zonas en las cuales las FARC ejercían control, muestran la debilidad de la presencia del estado en: territorios rurales, en zonas en las que hay conflicto de intereses por los procesos de restitución de tierras o en aquellas zonas que son corredores estratégicos de economías ilegales.

Con respecto a las cifras podemos mencionar el informe del programa Somos defensores. En este informe se muestra que durante el primer semestre del 2017 en Colombia hubo un incremento del 30% en los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Durante la visita del secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Andrew Gilmour, se advirtió que los asesinatos y amenazas en Colombia seguían creciendo a un ritmo alarmante, hasta Octubre del 2017, 60 líderes habían sido asesinados y que los esfuerzos del Estado en adoptar políticas para disminuir y prevenir este tipo de ataques no han tenido resultados significativos.

Al hablar de amenazas, a menos de dos semanas para terminar este primer año de post-conflicto, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu) en su más reciente informe afirmó, que solamente en el estado de Antioquia se registraron 248 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, 41 casos más que en 2016. La mayoría de estos adjudicados a los grupos paramilitares y la policía.

Todos estos sucesos muestran la delicada situación que aún se vive en el país y los retos que se enfrentaran en este 2018. Entre los grandes desafíos del próximo año estarán, el proyecto de ley de tierras, en el cual posiblemente se modificarán aspectos de la Ley de Reforma Agraria de 1994 creada por el ex-presidente César Gaviria, la creación de medidas y garantías para proteger a los líderes y defensores sociales y la continuidad de los procesos de toma de decisiones con respecto al acuerdo de paz, ya que en Mayo del 2017 serán las próximas elecciones presidenciales.