La transición y redemocratización chilena ha sido definida como un exitoso ejemplo dentro del contexto latinoamericano, con estabilidad política, crecimiento económico y fortalecimiento institucional como sus principales características. Especialmente durante los dos primeros gobiernos concertacionistas,[1] el crecimiento económico chileno dobló el promedio de la región con un vigoroso desempeño que permitió alcanzar el honorable record de la más rápida reducción de los índices de pobreza en el mundo (Meller, 2000). En el mismo período, se observó el aumento de la cobertura educacional, la expectativa de vida y los índices de desarrollo humano.[2]
En paralelo, y de acuerdo con diversos analistas, el retorno a la democracia en Chile se caracterizó por la desmovilización y desactivación de la sociedad civil (Silva 2001), el decline de los movimientos sociales (Hipsher, 1996), por una sociedad ampliamente despolitizada (Gómez Leyton, 2008) o, incluso, por una ausencia civil (Otańo, 2006). Joignant (2003) retrata este proceso como un período de despolitización, en lo que calificó como la “democracia de la indiferencia”. Así, diferentes conceptos se utilizaron para retratar el repliegue de la ciudadanía desde la esfera pública, donde tuvo un rol activo en la dictadura militar y la recuperación de la democracia, hacia el mundo privado así como su escasa presencia en la definición de la agenda política nacional en la fase post-dictatorial.
El terremoto político de 2011
En medio de este escenario de desmovilización por una parte, y de consolidación del modelo de desarrollo del país por otra, es que el ciclo de movilizaciones emergido el 2011 tomó por sorpresa tanto al flamante gobierno de derecha como a la ciudadanía en su totalidad, con marchas sistemáticas de gran escala e impacto en Santiago y otras ciudades del país. [3] Ya sea demandando el fin al sistema de educación con fines de lucro, una mejor política energética y medioambiental, un mejoramiento en las condiciones de vida en las regiones del país o una mayor igualdad y tolerancia frente a la diversidad sexual, las movilizaciones mostraron sus niveles más activos desde el año 1990.
Junto a esto, una caída en el participación en los procesos eleccionarios (con un 60 por ciento de abstención en las últimas elecciones municipales de 2012) y en los niveles de aprobación y confianza de las principales instituciones políticas (Congreso, Gobierno, los partidos políticos tanto oficialistas como de oposición, entre otros.) han alimentado el debate respecto a una crisis de legitimidad y un malestar general con el modelo político y económico neoliberal chileno. El tema de la desigualdad en la distribución del ingreso con una diferencia de hasta 27 veces entre el 10 por ciento más rico y más pobre; los orígenes y características del modelo, esto es, una estructura política y económica impuesta durante la dictadura militar así como un sistema electoral que asegura la presencia de sólo dos grandes bloques políticos; o la urgencia de un proceso de descentralización del país, han sido entre otras, algunas tesis propuestas para explicar la emergencia de las movilizaciones así como la disminuida confianza y participación en lo comicios.
Réplicas y el reordenamiento del panorama político
Este es, en pocas palabras, el escenario con que Chile recibe las elecciones de hoy domingo. Y al igual que los terremotos generan el desplazamiento y la reubicación de tierras y aguas – tema en que Chile tiene una vasta experiencia por lo demás – la arena política sufrió el impacto y las réplicas de las movilizaciones y los cuestionamientos a la legitimidad del modelo. Esto provocó, y sigue provocando, el reordenamiento del panorama político que dominó el país los últimos veinte años.
Por un lado, las demandas instaladas en la calle durante el 2011 han sido recogidas por gran parte de los programas de las candidaturas. Esto implica que por primera vez en dos décadas, los discursos políticos y sus líneas programáticas incluyen cambios profundos al modelo chileno tales como la propuesta de redacción de una nueva Constitución, el fin al lucro y el mejoramiento de la calidad de la educación y una reforma tributaria que permita una mejor distribución de los ingresos, entre otros temas de carácter estructural.
Junto a los nuevos discursos instalados y fruto del ciclo de politización de 2011, nuevos movimientos y coaliciones políticas han comenzado a emerger tiñendo de nuevos colores el paisaje político del país y desdibujando el duopolio característico de las últimas dos décadas. Ejemplo de ello es la coalición de oposición al gobierno liderada por la candidata y ex-presidenta Michelle Bachelet, quienes en un intento por extender su influencia sobre el electorado, se han reagrupado en torno a lo que han llamado la Nueva Mayoría que incluye, por primera vez en veinte años, al Partido Comunista entre sus aliados.
Asimismo, nuevos movimientos políticos de diverso matiz ideológico han nacido especialmente desde las generaciones más jóvenes. Luego de haber planteado sus críticas respecto al modelo chileno, los líderes de estos movimientos han declarado querer realizar los cambios “desde dentro”. Es el caso de los ex-dirigentes estudiantiles y líderes de las movilizaciones de 2011 Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa y Gabriel Boric quienes disputan cupos en la cámara baja. Ejemplo de ello también son Iván Fuentes, rostro de las manifestaciones regionalistas y Rolando Jiménez, uno de los más conocido activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).
Un record en el número de candidatos a la presidencia sumado a una alta cifra de postulantes para llenar los cargos de senadores, diputados y consejeros regionales, puede también ser leído como señal de repolitización y de nuevas expresiones políticas.
Respecto a la presidencia, los nueve candidatos reflejan la diversidad y complejidad contenida en las próximas elecciones. De las tres mujeres que participan, dos son caras conocidas y con una amplia trayectoria política. Además de Michelle Bachelet, Evelyn Matthei (candidata del oficialismo o coalición de derecha), lideran las encuestas de opinión y son las opciones favoritas para enfrentarse en una eventual segunda vuelta según las últimas encuestas CEP e IPSOS.
El resto de los aspirantes a La Moneda son, en términos general, actores emergentes en la política chilena. Entre ellos se encuentra Franco Parisi, un economista que se declara independiente – aunque sus propuestas y programa han sido clasificados como de centro-derecha – se alza como tercera opción según las encuestas. Marco Enríquez-Ominami quien, luego de haber participado en la elección anterior, haber obtenido un positivo e inesperado tercer lugar y haber formado su propio partido político (PRO), hoy parece enfrentarse a un escenario menos favorable, situándose en cuarto lugar de las preferencias de la opinión publica.
Las candidaturas de los otros aspirantes han sido catalogadas como “testimoniales” dado que, aun sin ser opciones competitivas a nivel de cifras, permiten la visibilización y un mayor protagonismo de problemáticas estructurales a nivel del debate político. Roxana Miranda representa, por primera vez en la historia política chilena, a una candidatura que emerge desde la realidad de un barrio popular de Santiago y que, afirmando no ser representante del pueblo, sino ser el pueblo, se declara en contra de la clase política que ha gobernado el país durante las últimas décadas. Otros candidaturas nuevas o ajenas al espectro político tradicional son Alfredo Sfeir, con un discurso basado en respecto al medio ambiente y el desarrollo sustentable y Marcel Claude con ideas más cercanas a la izquierda tradicional.
Una elección predecible, un gobierno incierto
Pese a la diversidad de candidaturas y la variedad de vaticinios entregados por las diferentes encuestas, una relativa certeza y consenso respecto a la candidata Michelle Bachelet como la favorita para ganar las próximas elecciones parece reinar.
Sin embargo, existen cuotas de incertidumbre dadas, en primer lugar, por el debut del sistema de voto voluntario en una elección presidencial. En vista de la ya mencionada desafección política de los últimos años, el sistema de inscripción voluntaria y el voto obligatorio fue reemplazado por el de inscripción automática y voto voluntario, siendo una de las variables que más incertidumbre ha generado respecto al próximo proceso eleccionario. Esto, pues el arsenal de encuestas desplegado para las últimas elecciones municipales no fueron capaces de predecir ni los resultados ni la baja convocatoria a los comicios. Al contrario, en las pasadas elecciones primarias de la Nueva Mayoría, las mismas encuestas y los analistas previeron una participación del orden del millón de personas, cifra que fue exactamente triplicada en la práctica. Una baja convocatoria a las urnas, plantea dudas sobre el nivel de representatividad, respaldo y compromiso ciudadano que puede generar un gobierno electo entre sólo, por ejemplo, un 40 por ciento de la población votante.
De ser electa Bachelet, las preguntas respecto a su coalición así como al ejercicio de su eventual gobierno son planteadas: de qué manera lograrán la unidad y los acuerdos necesarios para gobernar dentro de una alianza tan amplia como la Nueva Mayoría que incluye entre sus miembros a demócratas cristianos y comunista, partidos que han tenido una espinosa relación en las últimas décadas. Asimismo, surgen inquietudes respecto al rol que tendrá el propio Partido Comunista dentro de La Moneda dado que han prometido cumplir una tarea fiscalizadora en un eventual gobierno de Bachelet, lo que implicaría hacer oposición desde las calles si las promesas de campaña de la candidata no son realizadas. El mismo escenario de incertidumbre se plantea de ser electa la facción de candidatos jóvenes en el parlamento, las consecuencias y el impacto de tal la renovación política está aún por verse.
Por otra parte y de producirse un triunfo arrollador de la candidata de la Nueva Mayoría, el bloque de derecha quedaría sumamente debilitado, lo que supondría invertir más energía en el trabajo de su propia reconstrucción antes que en el ejercicio de oposición o de generar el balance de poder entre los bloques políticos, tan característico hasta ahora en Chile.
Por ello, y pese a lo predecible del resultado de las próximas elecciones, la verdadera incertidumbre parece estar no antes, sino luego de éstas. Tal como se ha descrito, hoy existe un nuevo escenario político, nuevos movimientos y demandas de cambios estructurales se han instalado, al mismo tiempo que la movilización parece haber sido incorporada como repertorio de acción de la sociedad civil chilena. En este sentido, las próximas elecciones pueden llegar a ser la más incierta del último tiempo no en términos se sus resultados, sino por el ciclo político y la nueva era que inaugurará.
Referencias
Gómez Leyton, J.C., 2008. Política y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal Avanzada, Chile 1990-2007. Cuad. CENDES Univ. Cent. Venezuela 25.
Hipsher, P.L., 1996. Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and Spain. Comp. Polit. 28, 273–297.
Joignant, A., 2003. La democracia de la indiferencia. Despolitización, desencanto y malestar en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, in: Muñoz, Ó., Stefoni, C. (Eds.), El período del Presidente Frei Ruiz-Tagle: reflexiones sobre el segundo gobierno concertacionista. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, pp. 89–106.
Meller, P., 2000. Pobreza y distribución del ingreso en Chile (década del 90) (Documentos de Trabajo No. 69). Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile.
Otańo, R., 2006. Nueva crónica de la transición. Lom Ediciones.
Segovia, C., Gamboa, R., 2012. Chile: el año que salimos a la calle. Rev. Cienc. Política Santiago 32, 65–85.
Silva, P., 2001. Democratisation and State-Civil Society Relations in Chile, 1983-2000: From Effervescency to Deactivation. Presented at the The Role of Civil Society in Conflict Resolution, National University of Ireland, Maynooth.
[1] La Coalición de Partidos por la Democracia (Concertación) es un bloque partidos de centro-izquierda que fue fundado el año 1988 como oposición al régimen militar de Augusto Pinochet. Esta coalición gobernó Chile por cuatro períodos consecutivos entre 1990 y 2010 y fue reemplazada por la coalición de partidos de derecha “Alianza por Chile” con Sebastián Piñera como presidente electo.
[2] Esto, según datos del Banco Mundial y del programa de naciones unidad para el desarrollo. El índice de pobreza descendió de un 38.6 en 1990 a 14.4 por ciento en 2011.
[3] Respecto a este fenómeno Segovia y Gamboa (2012) advierten que durante el año 2011 se observó un aumento sustantivo de la movilización con 240 marchas autorizadas (versus 134 en 2010) lo que implicó un promedio de 20 marchas mensuales en la Región Metropolitana. A nivel nacional en tanto, se estiman 6000 manifestaciones públicas y dos millones de participantes durante el año.
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